Surgimiento y evolución del Estado nacional

 + 100 años de la Constitución: nobleza de miras y su visión de Estado

+ Ecuación profunda: Nación, Estado y figura presidencial prominente

+ En un país convulso y no pacificado, necesario un Gobierno fuerte

+ La importancia de una mayor participación ciudadana en el poder político

+ Ética y  voluntad política, necesarias para un ejercicio adecuado del poder

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Conmemoración del Centenario de la Carta Magna

(Arturo Núñez Jiménez . Gobernador del Estado de Tabasco. Discurso en la ceremonia conmemorativa del Centenario de la Constitución de 1917. Villahermosa, Tab.):

Muchas gracias a todos y a todas por su gentil presencia en este evento en el cual celebramos el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta mañana acompañé al Presidente de la República y a los otros dos poderes de la Unión, en la sede del hoy Teatro de La República -auténticamente de la República-; porque hasta el día de hoy se  formalizó la compra-venta del inmueble que era de propiedad privada, incluso desde los tiempos del Constituyente y que fue prestado para esa histórica jornada hace 100 años.

Nos reúne hoy una celebración especialmente significativa. Se cumple el aniversario número 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y este hecho expresa, en sí mismo, el extraordinario peso histórico que la Carta Magna ha tenido entre nosotros en el surgimiento y evolución del Estado nacional.

La Constitución mexicana es el primer texto político fundamental del Siglo XX, que tuvo la capacidad de generar nuevas reglas, nuevas instituciones y nuevos horizontes de desarrollo social, que después serían retomados por los documentos constitucionales de otros países.

La Constitución de 1917 ha sido el texto que ha regido la vida política de México por el período más prolongado de su historia, lo cual habla de su nobleza de miras y su visión de Estado.

REPÚBLICA Y NO MONARQUÍA

La Constitución fundó nuestro moderno Estado de Derecho a través, sobre todo, de un cambio radical de régimen político: reafirmó, en primer lugar, la voluntad por abrazar un régimen republicano y no uno monárquico y, al mismo tiempo, construir una estructura federalista integrada por estados libres y soberanos, en vez de una centralista.

En dicha concepción era necesario plantear explícitamente el carácter representativo de nuestro sistema político, teniendo al pueblo como titular primero de la soberanía nacional.

Nuestra Carta Magna plasmó acuerdos colectivos con carácter vinculante y con las suficientes bases de consenso y capacidades de gobierno para darle certidumbre a la reproducción social, económica y política de nuestro país.

Como norma fundamental, cristalizó también la necesaria definición de nuestra vida republicana como una vida democrática.

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MUNICIPIO LIBRE Y NO REELECCIÓN PRESIDENCIAL

Por ello garantizó las libertades fundamentales, estableció el principio de no reelección absoluta para el titular del Poder Ejecutivo Federal, instituyó el Municipio Libre, planteó la prohibición a los ministros de culto de involucrarse en los asuntos políticos y redefinió la relación entre poder ejecutivo y legislativo sobre la base del fortalecimiento de la institución presidencial, para que fuera capaz de conducir la concreción en la realidad del programa de reivindicaciones nacionales y populares de la Revolución Mexicana.

Se ha recordado que la Constitución del 17 fue heredera, sobre todo en su dimensión política, de la Constitución de 1857, recuperando su sustrato liberal y sus definiciones fundamentales. En efecto, ya la Constitución del 57 había reconocido los derechos individuales y las libertades básicas, junto con el establecimiento de un estado laico que tuvo como una de sus palancas principales la desamortización de los bienes eclesiásticos para lograr la democratización de la propiedad de la tierra.

El legado liberal del 57 se comprueba claramente en el hecho de que el Constituyente de 1916-1917 mantuvo intacto los artículos 39 y 40 de aquella Constitución, relativos a la soberanía nacional y a la forma de gobierno.

Pero, como sabemos también, el Constituyente de Querétaro conservó, trascendiéndola, la dimensión liberal, dándole una gran relevancia a los derechos colectivos.

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LA ESTRUCTURA DE UN ESTADO SOCIAL

La fuerza política del movimiento revolucionario hizo posible lo que en 1857 no se había logrado a través de tentativas progresistas, como las de Ponciano Arriaga que no tuvieron eco en su momento para darle contenido social a su andamiaje, ni para generar la estructura de un Estado social que tuviera como eje el bienestar de las clases populares.

Una de las virtudes mayores del constitucionalismo mexicano encabezado por Venustiano Carranza, fue justamente el haber sabido incorporar al nuevo proyecto que se fraguaba, las reivindicaciones provenientes de las justas demandas de los diversos grupos sociales que participaron en la revolución de 1910-1917.

En su célebre texto, Las Causas del Conflicto, Luis Cabrera había señalado la diversidad de sectores agraviados que reclamaban una respuesta a las condiciones de opresión y marginación en que se encontraban en el antiguo régimen del Porfiriato: de los peones en las haciendas a los obreros en los talleres y fábricas, hasta las clases medias y empresarios emergentes que por causa de caciques, hacendados, y oligarcas financieros internos y externos, necesitaban urgentemente un nuevo pacto social en el que fueran reconocidos.

Ahí radica, quizá, el marcado carácter innovador y abiertamente moderno de la Constitución del 17, pues supo amalgamar la diversidad de demandas, reclamos e inquietudes propios de cada uno de los sectores participantes, en un proyecto nacional y nacionalista, coherente, integrador y representativo.

En efecto, el texto constitucional no provino de una ideología preconcebida y puesta en práctica para movilizar a la sociedad, y tampoco fue el resultado del trabajo previo de intelectuales orgánicos de un movimiento político.

Fue, por el contrario, la resultante de un complejo proceso de construcción en el que confluyeron planes revolucionarios, propuestas electorales, planteamientos discursivos y obras escritas de distintos líderes, que buscaban sistematizar los diversos e incluso contradictorios intereses en la etapa armada de la Revolución.

DIVERSOS Y HASTA CONTRADICTORIOS INTERESES

De los hermanos Flores Magón a Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, de Filomeno Mata a Emiliano Zapata, de Álvaro Obregón a Plutarco Elías Calles, Francisco Villa y el propio Venustiano Carranza, se hicieron oír respectivamente las reivindicaciones de los trabajadores, de los indígenas y de los campesinos; se defendió el principio de no reelección y la libertad de expresión, la justicia agraria y la pequeña propiedad, así como el Municipio Libre.

Influyeron también los programas del Partido Liberal, los planes de San Luis,  de Ayala y de Guadalupe y las deliberaciones de la Convención de Aguascalientes. Y en estos afluentes contaron también grandes obras como La Constitución y la Dictadura, de Emilio Rabasa; Los Grandes Problemas Nacionales, de Andrés Molina Enríquez; La Sucesión Presidencial en 1910, de Francisco I. Madero y La Revolución es la Revolución, de Luis Cabrera.

No hubo pues, una sola fuente en la ideología constitucional vinculada a la Revolución Mexicana, sino múltiples vertientes que convergieron en el gran momento constituyente de 1916-1917.

Observando esa coyuntura, se confirma la tesis de que los grandes textos constitucionales son siempre una expresión nítida del estado que guarda la complejidad de la sociedad que los formula.

Representan, de esa manera, una síntesis coherente de las más variadas pulsiones y expectativas existentes a lo largo y ancho del tejido social.

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CASO MEXICANO, LA UNIDAD DENTRO DE LA DIVERSIDAD

Por eso, sin duda alguna, como ocurrió en el caso mexicano, adquieren una gran legitimidad cuando logran los equilibrios adecuados para construir la unidad dentro de la diversidad.

Esta expresión constitucional de los anhelos sociales tiene, evidentemente, que mantenerse al día y ciertamente, la Constitución mexicana ha sabido hacerlo.

Y lo ha hecho, justamente, porque en su espíritu originario anidaba el ideal de su representatividad y su orientación por los grandes valores maestros de la soberanía nacional, la democracia y la justicia social.

En las condiciones imperantes en las primeras décadas del Siglo XX mexicano, la acción del Estado y su protagonismo político y social resultaban fundamentales para lograr tales equilibrios.

En efecto, en condiciones de debilidad e incluso de inexistencia de un entramado institucional con la solvencia necesaria para responder a los reclamos sociales, el Estado consolida la construcción de la nación a través de un proyecto jurídico, político, ideológico, cultural, económico y social que le dio estructura a una comunidad hasta entonces desarticulada y dispersa.

Si, como señaló en su momento el historiador y politólogo Arnaldo Córdova, el nacionalismo mexicano se conjugaba a través del verbo nacionalizar, se entenderá la razón profunda de la ecuación que asociaba a la nación con el Estado y a éste con la figura prominente del Presidente de la República, figura central para la construcción de equilibrios y la toma de decisiones.

Un gobierno fuerte era necesario para enfrentar con eficacia los grandes retos derivados de la Revolución Mexicana en un país aún convulso y no completamente pacificado.

Visto en retrospectiva, el fortalecimiento del poder presidencial aparecía como la única solución viable a los problemas de gobernabilidad en el país.

PARA ENTENDER AL PRESIDENCIALISMO MEXICANO

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El presidencialismo mexicano se asoció a la necesaria intervención redistributiva del Estado en tanto respuesta a la irrupción de las masas en la política, así como para evitar los riesgos provenientes de un país aún con hondas divisiones e intereses encontrados.

La preeminencia constitucional del Ejecutivo Federal tenía además en la coyuntura de 1916-1917 una profunda raíz, vinculada a las etapas previas de inestabilidad política, en las que el Congreso se había visto involucrado en fluctuaciones constantes, restándole capacidad de decisión al poder Ejecutivo.

La Constitución hizo posible un régimen con actores renovados y con nuevas reglas que permitieron el desplazamiento de la antigua alianza oligárquica y pusieron en el centro de la escena pública a las masas populares.

Este ejercicio de transformación política hizo posible el establecimiento de consensos fundamentales, más no por ello cerrados a la reforma siempre necesaria, de acuerdo a las cambiantes circunstancias del país.

Reformas que le han dado viabilidad al complejo entramado institucional derivado de la especialización funcional de los distintos poderes del estado, como de la diferenciación territorial vinculada a los diversos órdenes de gobierno y posibilidades de cooperación. En el marco del estado federal.

CAMBIANTE REALIDAD, NUEVO PLURALISMO

Todo ello en el contexto de una cambiante realidad que hizo emerger progresivamente un nuevo pluralismo cultural, ideológico y político.

No es entonces superfluo insistir en que la fortaleza política de la Constitución obedece en gran parte a la enorme sabiduría del Legislador, que construyó un texto en el que lograron convivir las premisas centrales necesarias en aquel momento para el desarrollo del país, con las bases procedimentales necesarias para su adecuación y su actualización de acuerdo al propio cambio de una sociedad que fue tornándose cada vez más compleja y plural en contextos internacionales también inéditos.

En efecto, en el transcurso de un siglo, México se transformó radicalmente: de una sociedad eminentemente rural que explica la importancia estratégica del artículo 27 en aquel entonces, nos convertimos en una fundamentalmente urbana donde el comercio, la industria y los servicios se convirtieron en eje fundamental de la economía; se dejó atrás el país analfabeta que éramos a principios del siglo XX por medio de procesos de educación masivos que han reducido a menos del 7% la población que no sabe leer y escribir; y de una realidad de aislamiento y fragmentación, pasamos a otra de crecientes vínculos y comunicación entre las regiones y del país en su conjunto con el exterior; transitamos en ese lapso de ser 20 millones de mexicanos a ser hoy  más de 120 millones de mexicanos en la actualidad, y de una situación donde las mujeres prácticamente no tenían derechos, no una sola mujer  del constituyente del 17 a otra en la que es innegable su presencia e influencia en la vida pública.

La clave profunda del reformismo constitucional mexicano debe buscarse ahí: en las propias exigencias de la dinámica nacional e internacional que reclaman nuevos equilibrios y nuevas formas de armonización de la pluralidad creciente.

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LA CONSTITUCIÓN DE 1917, TANTO PREMISA COMO RESULTADO

La Constitución mexicana ha sido, así, de manera dialéctica, tanto premisa como resultado del proceso de cambio en todos los renglones de la vida nacional.

En la actualidad, hoy firmó el presidente Peña Nieto el decreto con el que se promulgan reformas en materia de justicia cotidiana, así  que ese decreto va a modificar estos datos, pero apenas fue esta mañana, podemos contabilizar en la historia de nuestra Constitución en estos 100 años, 700 reformas a artículos constitucionales, ya que muchos de ellos la Constitución tiene 136 han sido modificados varias veces, a través de 229 decretos han tocado prácticamente todo el texto de la Carta Magna, que de tener 22 mil palabras en 1917 tiene ahora 66 mil palabras . Únicamente 22 de sus 136 artículos originales no se han cambiado, sin que todo ello haya significado una alteración de sus valores y principios fundamentales.

El hecho de que 486 de estas reformas hayan ocurrido de 1982 a la fecha, ilustra con claridad la vertiginosa aceleración de los tiempos históricos ocurrida tanto a escala nacional como internacional en las últimas décadas, que ha obligado a actualizar con notable frecuencia nuestra norma fundamental.

A pesar de ello, puede afirmarse que han sido las decisiones políticas fundamentales cristalizadas en el texto constitucional, las que han hecho posible la gran trasformación democrática que han vivido México y sus entidades federativas en los años recientes.

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En el Teatro de la República, con mis colegas Claudia Pavlovich y Graco Ramírez

DISMINUCIÓN DE FACULTADES METACONSTITUCIONALES

Sin violentar las definiciones republicanas representativas, democráticas y federalistas, a través de la constitucionalización de los partidos políticos, se ha dado paso a un nuevo equilibrio entre los poderes públicos a favor de las capacidades y la independencia del Legislativo y del Judicial, disminuyendo las facultades constitucionales y metaconstitucionales del Poder Ejecutivo; se han abierto mayores espacios de libertad y soberanía para las entidades federativas y los municipios, dotándolos de nuevas atribuciones jurídicas. Se han podido construir reglas más confiables y equitativas para la competencia política, que han trastocado por completo el mapa de la distribución del poder; se han fortalecido por completo los derechos humanos y libertades de las y los mexicanos; se ha combatido abiertamente la discriminación; se han abierto mayores oportunidades para la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas; se han creado órganos de Estado a propósito de temas cruciales de nuestra vida pública; se ha avanzado en la edificación de un nuevo sistema de justicia; se ha puesto énfasis en la lucha contra la corrupción; y se han realizado reformas estructurales que, más allá de su carácter controvertido en algunos casos, nos indican fehacientemente que la puesta al día del proyecto nacional ha sido posible gracias a la Constitución que nos regula.

VOLTEAR LA MIRADA HACIA LOS ACTORES POLÍTICOS

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Inauguración de la Exposición Itinerante de la Constitución

Quizá, entonces, los graves problemas que hoy nos aquejan no deriven, como piensan algunos, de la norma fundamental que sigue rigiendo la vida nacional. Más bien, habría que voltear la mirada a factores que están más allá de lo jurídico y que tocan al gran tema de la cultura de la legalidad y el comportamiento de los actores políticos y sociales.

En términos de instituciones y procedimientos, la Constitución ha permitido, y lo seguirá haciendo, la edificación de entramados legales lo suficientemente solventes para enfrentar los grandes problemas nacionales.

Y una vez resuelto en lo fundamental el tema de las reglas para el acceso al poder público, la agenda reformista se ubica básicamente en el tema del ejercicio y el control del propio poder político, con una mayor participación ciudadana.

No obstante, como el gran tema de la corrupción lo ilustra con claridad, si no existe la voluntad política y la ética pública necesarias para un ejercicio adecuado del poder, no hay protección constitucional que alcance para frenarla y erradicarla de nuestra interacción colectiva.

AMENAZAS A NUESTRO FRÁGIL SISTEMA DEMOCRÁTICO

La vieja distinción entre país legal y país real sigue siendo hoy expresándose en múltiples frentes. Es ahí donde está la amenaza de fondo contra nuestro frágil sistema democrático. Porque es ahí donde también se ubica el principal escollo para reducir las enormes brechas de desigualdad que todavía hoy nos definen como sociedad.

La lucha por hacer valer los preceptos constitucionales es hoy, en gran medida, una lucha por hacer avanzar la cultura de la legalidad, eslabón sin el cual la reconstrucción del ánimo y la confianza sociales será un objetivo inalcanzable.

No debe dejar de alarmarnos que estudios recientes indiquen que el 65% de la ciudadanía conoce poco sobre la Constitución y que el 27% no conozca nada. Tampoco es una buena noticia que 59% crea que la Constitución se cumple poco y el 27% considere que no se cumple nada.

POCA CREDIBILIDAD POR ESCASA SEGURIDAD JURÍDICA

La baja credibilidad de nuestros ordenamientos jurídicos tiene un sustento real vinculado al hecho de la escasa seguridad jurídica existente en el país, lo que se refleja en el hecho de que México sea el segundo de 59 países con el mayor nivel de impunidad, al no resolverse el 98% de los crímenes que se cometen.

El ejercicio democrático del poder que se da siempre al amparo del imperio de la ley, requiere entonces de un funcionamiento diferente de las instituciones y un comportamiento distinto de los actores. De un comportamiento que asegure la aplicación de la ley sin distinciones ni excepciones, con responsabilidad y profesionalismo.

En Tabasco somos conscientes de ello y hemos desarrollado un gran número de iniciativas para contar no solamente con normas jurídicas adecuadas, sino con actitudes y prácticas que comienzan a modificar la hasta ahora precaria cultura de la legalidad.

Aquí, hemos venido construyendo progresivamente un nuevo tipo de ejercicio del poder e impulsado prácticas cabalmente democráticas.

Por supuesto, este es un camino en el que las conductas y las leyes se retroalimentan y estas últimas deben ser continuamente actualizadas.

Hasta ahora nuestra Constitución, su flexibilidad y su reformismo, que desmienten contundentemente la tesis interesada de la antipolítica, sobre la supuesta parálisis legislativa que se escucha con frecuencia, han evitado una ruptura grave del orden político y social y permitido la alternancia pacífica en el poder público. Este es un logro que no puede ni debe ser soslayado.

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Documentos históricos originales

ANTE NUBARRONES,  NUEVAS FORMAS DE SOLIDARIDAD

Si embargo, hoy nos enfrentamos a una situación altamente compleja e inquietante tanto por factores internos como por factores externos. El malestar social, la desconfianza y los nubarrones que se ciernen en el horizonte económico, nos obligan a encontrar formas nuevas de cooperación y solidaridad nacionales.

Pero no es lanzándose a la aventura de una nueva Constitución como vamos a superar nuestros problemas. Esa forma de pensamiento mágico que imagina que ahí se encuentra la panacea para salir de la compleja coyuntura que atravesamos, ignora incluso la magnitud de los riesgos de ingobernabilidad que se abrirían en un escenario de tal naturaleza.

El planteamiento de una nueva Constitución parte, además, de una premisa a todas luces falsa: la de considerar que es necesario refundar un Estado que no tendría ya posibilidades de cambio y modernización.

Necesitamos, más bien, un gran consenso nacional en torno a la lucha contra la corrupción, la impunidad, los privilegios y en defensa de nuestra dignidad nacional.

Un consenso que posibilite el reencuentro entre el mundo de la representación política y la vida cotidiana de la gente. Un gran acuerdo que no pierda de vista que la ilegalidad, la falta de solidaridad, el abuso de las élites, la inseguridad y la pobreza son los principales enemigos de la democracia, la estabilidad y la paz.

Puede concederse que el texto constitucional esté sobrecargado en algunos de sus artículos y que se haya reglamentado abusivamente su contenido, debido a que la negociación legislativa en la etapa del pluralismo ha estado impregnada fuertemente por la desconfianza recíproca entre los actores políticos.

Desconfianza que ha llevado con frecuencia a detallar el texto para asegurar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Es posible que pueda hacerse una revisión que evite repeticiones, que lo haga más consistente y quizá menos equívoco en algunos pasajes.

Como   señala     el    distinguido    jurista   Diego    Valadés  

“a   la Constitución todavía se le puede inyectar nueva vida reordenándola, para darle coherencia y brevedad, para enseguida reformarla con la misma técnica que se adopte para su reordenación”.

Pero de ahí al planteamiento de abrir una caja de Pandora a través de la creación de un texto constitucional radicalmente distinto, hay un salto mortal que puede ser en realidad un salto al vacío.

Habrá sin duda que mirar hacia adelante para delinear con claridad las reformas por venir. Construir los acuerdos necesarios para poner al día y hacer más eficaces nuestras instituciones públicas; para actualizar nuestro régimen democrático y darle mayor gobernabilidad y legitimidad; para construir a plenitud el entramado de derechos orientados a la búsqueda de la equidad social y la cabal realización vital de las y los ciudadanos.

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Placa conmemorativa del Centenario en el Teatro de la República

ANIVERSARIO PARA LA DELIBERACIÓN COLECTIVA DE LOS RETOS

En una circunstancia como la que nos ha tocado vivir, el centenario de la Constitución no puede ser únicamente un motivo para la conmemoración cívica; tiene, más bien, que funcionar como la plataforma para deliberar colectivamente sobre los retos internos y externos que hoy nos demandan cohesión social, imaginación política y visión de Estado.

En Tabasco sabemos que la legitimidad de nuestras instituciones y normas fundamentales depende de la forma en que los representantes populares y los gobernantes desarrollamos nuestra función pública. Si lo hacemos con auténtica vocación de servicio, podremos ayudar a cerrar la enorme brecha nacional que hoy separa a la ciudadanía del mundo de la política.

Cumplir hoy con el espíritu profundo de la Constitución, implica demostrar en los hechos que somos solidarios con las inquietudes y necesidades de la gente; que sobre todo en tiempos difíciles marcados por la depreciación de nuestra moneda y el incremento del precio de la gasolina, ejercemos los cargos que el pueblo nos ha encomendado con honestidad, transparencia y sentido republicano.

De aquí que con toda convicción y responsabilidad hayamos hecho público recientemente un acuerdo de austeridad que, al ahorrar alrededor de 600 millones de pesos sin comprometer programas sociales, aliviará la economía familiar y, fundamentalmente, demostrará que pueblo y gobierno navegamos en el mismo barco, que es México, y tenemos metas compartidas.

Por eso hoy, a los 100 años de su promulgación, es necesario defender en el discurso, pero sobre todo en la práctica, nuestro Estado de Derecho y su texto fundacional, refrendando su naturaleza y su sentido históricos.

TENEMOS HORIZONTE, MEMORIA Y ESPERANZA

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Teatro de la República

Tenemos ejemplo en las generaciones que nos precedieron y tenemos horizonte; tenemos memoria y tenemos esperanza.

En los difíciles tiempos que corren, y de cara a los inquietantes vientos que soplan desde el norte, reafirmemos a la soberanía popular y a lo mejor de nuestro nacionalismo como base de nuestras leyes, nuestras instituciones, nuestros valores y nuestras prácticas.

Levantemos hoy la voz con dignidad e imaginación. Sin renunciar nadie a su credo político, demostremos como entidad y como país que somos capaces, como hace 100 años, de unirnos en lo fundamental teniendo como prioridad nuestra casa común que es México.

En muchas ocasiones el país se ha reconstruido y fortalecido desde la adversidad y ahora no será la excepción. Progresivamente hemos ido acumulando fortalezas que hoy debemos movilizar creativamente y con firmeza.

Desde aquí, desde Tabasco, lo decimos con toda claridad: la Constitución, como referente principal del México que queremos y defenderemos, es un texto vivo que habremos de honrar y proyectar con entereza y voluntad hacia el futuro.

Evoco hoy, con reconocimiento y admiración, a los 214 diputados provenientes de las entonces existentes 30 entidades federativas que suscribieron la Carta Magna. Destacaron entre otros constituyentes, Francisco J. Múgica, Heriberto Jara, Pastor Rouaix, José Natividad Macías, Hilario Medina, Alfonso Cravioto, Luis Manuel Rojas, Esteban Baca Calderón, Paulino Machorro, Froylán C. Manjarrez y Luis G. Monzón.

Dentro de ese histórico grupo de constituyentes, estuvieron cuatro ilustres tabasqueños: tres representando a nuestro estado –Rafael Martínez de Escobar, Santiago Ocampo y Carmen Sánchez Magallanes-; y uno al Distrito Federal –Félix Fulgencio Palavicini-.

Originariamente base normativa de un nuevo régimen político y pionera en la consagración de los derechos sociales, la Constitución Política de 1917 sigue siendo garante de nuestra convivencia pacífica e instrumento del acuerdo en lo fundamental entre los mexicanos.

DISCURSO. Arturo Núñez Jiménez. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, en la conmemoración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Villahermosa, Tab., 5 febrero, 2017.-

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