Acuerdo por la Democracia y la legalidad

+ Que la elección 2018 sea una gran fiesta cívica

+Hay roles intercambiables como gobierno o como oposición

+ Ningún triunfo o derrota electoral es para siempre

+ Hay vida y futuro para la Nación el dia después de las elecciones

Dejemos atrás descalificaciones y denuestos personales

Con Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños y Lorenzo Córdova

(Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Palabras en la reunión de trabajo con autoridades electorales federales y locales. INE. CDMX):

Expreso la más cordial bienvenida a todos los asistentes a esta Reunión de Trabajo de la Conferencia Nacional de  Gobernadores(CONAGO), con el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), los Tribunales Electorales de los Estados y de la Ciudad de México, así como la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF). Expreso mi reconocimiento a los Consejeros Electorales del INE por su gentil disposición para ser la sede de este relevante  evento.

El próximo domingo 1° de julio del presente año se celebrarán los comicios federales y locales, para renovar la titularidad de 3 mil 406 cargos de elección popular, que incluyen al Presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados federales, así como en 30 entidades federativas, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 8 gobernadores, 972 diputados locales, 1 mil 596 ayuntamientos, 184 juntas municipales y concejales y 16 alcaldías en la Ciudad de México.

2018 20 marzo ine 4Si bien corresponde al INE y a los Organismos Públicos Locales Electorales, en el ámbito de sus respectivas competencias, la organización de dichos comicios, el párrafo 2 del Artículo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que “Las autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar la colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las autoridades electorales establecidas por la Constitución y esta Ley”. Por esta razón, los integrantes de la CONAGO y sus representantes acudimos hoy a este evento para ratificar el cumplimiento de este mandato legal conforme a las facultades constitucionales que tenemos conferidas.

88’878,886 CIUDADANOS EN LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES

Al 2 de marzo de 2018 la página oficial del INE en Internet reporta que podrán votar 88 millones, 878 mil 886 ciudadanos incluidos en la lista Nominal de Electores.

Por todo ello, el número de cargos de elección popular por dirimir y el número de ciudadanos habilitados para emitir el sufragio, se considerarán éstas, las elecciones más concurridas en la historia del país.

Tanto el INE, que registra en su desarrollo institucional la realización de 9 comicios federales, como los OPLES que también han acumulado una gran experiencia a nivel de las entidades federativas, garantizan la organización eficaz de la próxima jornada electoral. De igual forma, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de los estados y la Ciudad de México, así como la FEPADE y las fiscalías locales, también aseguran, respectivamente, la resolución de las controversias y la persecución  de los delitos electorales, en apego a los principios rectores de la función electoral establecidos en el Artículo 41 constitucional: certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad y objetividad.

2018 20 marzo ine 3
Reunión de trabajo en el INE

A partir del desempeño de las autoridades electorales, todos tenemos que hacer la parte que nos corresponde, por mandato legal, convicción democrática y, sobre todo, por nuestro compromiso con México y con cada una de las partes integrantes de nuestro pacto federal. Autoridades gubernamentales, partidos políticos y coaliciones, candidatos y ciudadanos, tenemos que realizar nuestros mejores esfuerzos para que el proceso electoral se desarrolle en tiempo y forma, en las mejores condiciones para que se constituya en una verdadera fiesta cívica y contribuya a colocar al país en una etapa superior de su desarrollo político.

A las autoridades de los tres órdenes de gobierno, nos corresponde con fundamento en nuestras competencias constitucionales, coadyuvar con las autoridades electorales, con los recursos presupuestales necesarios, los apoyos logísticos que requieran en las tareas de organización de los comicios y garantizar la seguridad pública indispensable para cumplir todas sus responsabilidades y hacer posible que los ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos políticos para votar y ser votados.

Asimismo, todos quienes gobernamos estamos obligados a garantizar el uso responsable e imparcial de los recursos públicos que administramos, sobre todo en lo relativo al manejo de los programas sociales, así como a no caer en la tentación de convertirnos en actores de las contiendas electorales vía la procuración de justicia, la propaganda oficial o el uso de los tiempos y recursos de los servidores de las administraciones públicas que jefaturamos.

REFRENDAMOS EL VALOR Y LA EFICACIA DE LA POLÍTICA

A eso hemos venido el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, los gobernadores o sus representantes, a reiterar ante las autoridades electorales aquí reunidas, y ante el pueblo de México, nuestras obligaciones de ley y nuestro compromiso con la democracia mexicana y de cada una de las entidades federativas. Quienes hemos accedido a la titularidad de los poderes ejecutivos de los estados y de la capital de la República, refrendamos aquí el valor y la eficacia de la política –de la buena política que reivindicamos-, así como  la confianza y el respeto en las instituciones electorales que hemos construido para transitar a la democracia y para consolidarla en los tiempos por venir.

2018 20 marzo ine 1Compartimos la afirmación de Don Jesús Reyes Heroles en el sentido de que los partidos políticos son para la nación y no que la nación sea para los partidos políticos. De los partidos, de las coaliciones que han formado y de los candidatos que han postulado, así como de los candidatos independientes, esperamos que estén a la altura de sus responsabilidades, a partir de sus propios postulados doctrinarios y programáticos y de sus legítimas aspiraciones, y no obstante de sus válidas y necesarias diferencias propias de una sociedad plural y brutalmente desigual como la mexicana, a condición de que no pongan jamás en riesgo la unidad nacional que debe enriquecerse de sus posiciones contrastadas y servir para avanzar en la construcción de la casa común que es México, ampliando libertades, fortaleciendo derechos,  cumpliendo obligaciones y erradicando inseguridad, corrupción y pobreza.

A los contendientes les corresponde reafirmar el compromiso con la democracia como la vía pacífica para que México supere sus problemas. Esperamos y exigimos de ellos diagnósticos claros sobre la situación nacional o del ámbito geográfico electoral que les corresponda y, sobre todo, propuestas viables. Recordemos que en el actual proceso electoral, después de 24 años de declararle la guerra al Ejército Mexicano  en  Chiapas,  el  Congreso  Nacional  Indígena (CNI) -vinculado al EZLN– propuso a una de sus integrantes como precandidata independiente a la Presidencia de la República, aspiración que no se pudo concretar, pero que nos recuerda a todos la obligación que tenemos para preservar y consolidar la vía democrática como la salida a los grandes problemas nacionales de nuestro tiempo.

En el devenir de nuestra historia reciente, hemos ido fortaleciendo la conciencia de que ningún triunfo o derrota electoral es para siempre, y de que en la competencia política ni se gana ni se pierde todo en unos comicios. Después de vivir la alternancia de partidos en el poder, el gobierno dividido con mayorías diferenciadas en los poderes ejecutivos y legislativos, y de procesar productivamente la pluralidad y las discrepancias que les son consustanciales, sabemos que hay roles intercambiables como gobierno o como oposición, que pueden coexistir los consensos indispensables con las legítimas e insuprimibles diferencias, que es posible armonizar representatividad y eficacia para la gobernabilidad democrática y que hay vida y futuro para la nación en su conjunto y para cada fuerza política el día después de las elecciones. Por ello asumimos como condición esencial de la democracia electoral la aceptabilidad de la derrota.

José Ortega y Gasset proponía hacer de la política, pedagogía social. El tiempo de las campañas electorales constituye un momento privilegiado con tal propósito. Dejemos atrás descalificaciones y denuestos personales y hagamos del proselitismo electoral oportunidad para identificar coincidencias y divergencias que procesadas a través del diálogo, la negociación y el acuerdo den rumbo cierto a México en lo político, lo económico y lo social.

La ciudadanía es la gran protagonista de la democracia. En lo electoral participa en la organización comicial en todos los niveles de las autoridades y tiene a su cargo las mesas directivas de las casillas receptoras del voto. Pero, por encima de todo ello, los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de sufragar para elegir gobernantes y representantes populares, otorgándoles a los gobiernos y órganos de la representación nacional que surjan de los resultados de los comicios, la legitimidad necesaria que requiere del apego a la legalidad pero no se agota en ella.

Es por tal razón que la participación ciudadana es el ingrediente esencial de la democracia. A mayor participación, mayor legitimidad. Y a mayor legitimidad, mayor gobernabilidad, para concretar propuestas y construir acuerdos que saquen adelante a México.

Todos debemos responsabilizarnos de hacer nuestra parte para que las patologías sociales que padece la nación, destacadamente la incidencia delictiva, no inhiban el derecho político de los mexicanos a votar y ser votados. La seguridad de todos los actores del proceso electoral debe estar en las prioridades de las gestiones gubernamentales, sin menoscabo alguno de todas las demás responsabilidades públicas que tienen a su cargo.

Hemos de escuchar ahora las voces de todos quienes participamos en la convocatoria a esta Reunión de Trabajo. Y también hemos de suscribir, por parte de la CONAGO, el INE y los OPLES,  una “Declaración por la Democracia y la Legalidad para el Proceso Electoral 2018”, como compromiso compartido, en las competencias que nos corresponden, para que el proceso electoral desemboque en resultados favorables para México y los mexicanos.

Hemos respetado los principios que rigen la procuración e impartición de justicia, para no involucrar a las autoridades competentes –FEPADE y fiscalías locales, así como órganos jurisdiccionales- en pronunciamiento alguno que pueda comprometer, así sea simbólicamente, su condición –particularmente de jueces y magistrados- de decir el derecho en la resolución de las controversias electorales.

Reiterando a todos la bienvenida a este evento, continuamos con el desarrollo del orden del día, con la anuencia de mis colegas gobernadores y de las autoridades electorales presentes.

2018 20 marzo ine declaracion 2

Arturo Núñez Jiménez. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Reunión de trabajo en el INE, con autoridades electorales federales y locales. CDMX, 20 marzo, 2018.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN DEL LICENCIADO ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO Y PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES (CONAGO), EN LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES.                                                          CIUDAD DE MÉXICO, 20 DE MARZO DE 2018.

 

Expreso la más cordial bienvenida a todos los asistentes a esta Reunión de Trabajo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), con el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), los Tribunales Electorales de los Estados y de la Ciudad de México, así como la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF). Expreso mi reconocimiento a los Consejeros Electorales del INE por su gentil disposición para ser la sede de este relevante  evento.

El próximo domingo 1° de julio del presente año se celebrarán los comicios federales y locales, para renovar la titularidad de 3 mil

406 cargos de elección popular, que incluyen al Presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados federales, así como en 30 entidades federativas, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 8 gobernadores, 972 diputados locales, 1 mil 596 ayuntamientos, 184 juntas municipales y concejales y 16 alcaldías en la Ciudad de México.

Si bien corresponde al INE y a los Organismos Públicos Locales Electorales, en el ámbito de sus respectivas competencias, la organización de dichos comicios, el párrafo 2 del Artículo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que “Las autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar la colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las autoridades electorales establecidas por la Constitución y esta Ley”. Por esta razón, los integrantes de la CONAGO y sus representantes acudimos hoy a este evento para ratificar el cumplimiento de este mandato legal conforme a las facultades constitucionales que tenemos conferidas.

Al 2 de marzo de 2018 la página oficial del INE en Internet reporta que podrán votar 88 millones, 878 mil 886 ciudadanos incluidos en la lista Nominal de Electores.

 

Por todo ello, el número de cargos de elección popular por dirimir y el número de ciudadanos habilitados para emitir el sufragio, se considerarán éstas, las elecciones más concurridas en la historia del país.

 

Tanto el INE, que registra en su desarrollo institucional la realización de 9 comicios federales, como los OPLES que también han acumulado una gran experiencia a nivel de las entidades federativas, garantizan la organización eficaz de la próxima jornada electoral. De igual forma, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de los estados y la Ciudad de México, así como la FEPADE y las fiscalías locales, también aseguran, respectivamente, la resolución de las controversias y la persecución  de los delitos electorales, en apego a los principios rectores de la función electoral establecidos en el Artículo 41 constitucional: certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad y objetividad.

A partir del desempeño de las autoridades electorales, todos tenemos que hacer la parte que nos corresponde, por mandato legal, convicción democrática y, sobre todo, por nuestro compromiso con México y con cada una de las partes integrantes de nuestro pacto federal. Autoridades gubernamentales, partidos políticos y coaliciones, candidatos y ciudadanos, tenemos que realizar nuestros mejores esfuerzos para que el proceso electoral se desarrolle en tiempo y forma, en las mejores condiciones para que se constituya en una verdadera fiesta cívica y contribuya a colocar al país en una etapa superior de su desarrollo político.

A las autoridades de los tres órdenes de gobierno, nos corresponde con fundamento en nuestras competencias constitucionales, coadyuvar con las autoridades electorales, con los recursos presupuestales necesarios, los apoyos logísticos que requieran en las tareas de organización de los comicios y garantizar la seguridad pública indispensable para cumplir todas sus

 

responsabilidades y hacer posible que los ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos políticos para votar y ser votados.

Asimismo, todos quienes gobernamos estamos obligados a garantizar el uso responsable e imparcial de los recursos públicos que administramos, sobre todo en lo relativo al manejo de los programas sociales, así como a no caer en la tentación de convertirnos en actores de las contiendas electorales vía la procuración de justicia, la propaganda oficial o el uso de los tiempos y recursos de los servidores de las administraciones públicas que jefaturamos.

A eso hemos venido el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, los gobernadores o sus representantes, a reiterar ante las autoridades electorales aquí reunidas, y ante el pueblo de México, nuestras obligaciones de ley y nuestro compromiso con la democracia mexicana y de cada una de las entidades federativas. Quienes hemos accedido a la titularidad de los poderes ejecutivos de los estados y de la capital de la República, refrendamos aquí el valor y la eficacia de la política –de la buena política que reivindicamos-, así como  la confianza y el respeto en las instituciones electorales que hemos construido para transitar a la democracia y para consolidarla en los tiempos por venir.

Compartimos la afirmación de Don Jesús Reyes Heroles en el sentido de que los partidos políticos son para la nación y no que la nación sea para los partidos políticos. De los partidos, de las coaliciones que han formado y de los candidatos que han postulado, así como de los candidatos independientes, esperamos que estén a la altura de sus responsabilidades, a partir de sus propios postulados doctrinarios y programáticos y de sus legítimas aspiraciones, y no obstante de sus válidas y necesarias diferencias propias de una sociedad plural y brutalmente desigual como la mexicana, a condición de que no pongan jamás en riesgo la unidad nacional que debe enriquecerse de sus posiciones contrastadas y servir para avanzar en la construcción de la casa común que es México, ampliando

 

libertades,     fortaleciendo     derechos,      cumpliendo     obligaciones      y erradicando inseguridad, corrupción y pobreza.

A los contendientes les corresponde reafirmar el compromiso con la democracia como la vía pacífica para que México supere sus problemas. Esperamos y exigimos de ellos diagnósticos claros sobre la situación nacional o del ámbito geográfico electoral que les corresponda y, sobre todo, propuestas viables. Recordemos que en el actual proceso electoral, después de 24 años de declararle la guerra al Ejército Mexicano  en  Chiapas,  el  Congreso  Nacional  Indígena (CNI) -vinculado al EZLN- propuso a una de sus integrantes como precandidata independiente a la Presidencia de la República, aspiración que no se pudo concretar, pero que nos recuerda a todos la obligación que tenemos para preservar y consolidar la vía democrática como la salida a los grandes problemas nacionales de nuestro tiempo.

En el devenir de nuestra historia reciente, hemos ido fortaleciendo la conciencia de que ningún triunfo o derrota electoral es para siempre, y de que en la competencia política ni se gana ni se pierde todo en unos comicios. Después de vivir la alternancia de partidos en el poder, el gobierno dividido con mayorías diferenciadas en los poderes ejecutivos y legislativos, y de procesar productivamente la pluralidad y las discrepancias que les son consustanciales, sabemos que hay roles intercambiables como gobierno o como oposición, que pueden coexistir los consensos indispensables con las legítimas e insuprimibles diferencias, que es posible armonizar representatividad y eficacia para la gobernabilidad democrática y que hay vida y futuro para la nación en su conjunto y para cada fuerza política el día después de las elecciones. Por ello asumimos como condición esencial de la democracia electoral la aceptabilidad de la derrota.

José Ortega y Gasset proponía hacer de la política, pedagogía social. El tiempo de las campañas electorales constituye un momento privilegiado con tal propósito. Dejemos atrás descalificaciones y denuestos personales y hagamos del proselitismo electoral oportunidad para identificar coincidencias y divergencias que

 

procesadas a través del diálogo, la negociación y el acuerdo den rumbo cierto a México en lo político, lo económico y lo social.

La ciudadanía es la gran protagonista de la democracia. En lo electoral participa en la organización comicial en todos los niveles de las autoridades y tiene a su cargo las mesas directivas de las casillas receptoras del voto. Pero, por encima de todo ello, los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de sufragar para elegir gobernantes y representantes populares, otorgándoles a los gobiernos y órganos de la representación nacional que surjan de los resultados de los comicios, la legitimidad necesaria que requiere del apego a la legalidad pero no se agota en ella.

Es por tal razón que la participación ciudadana es el ingrediente esencial de la democracia. A mayor participación, mayor legitimidad. Y a mayor legitimidad, mayor gobernabilidad, para concretar propuestas y construir acuerdos que saquen adelante a México.

Todos debemos responsabilizarnos de hacer nuestra parte para que las patologías sociales que padece la nación, destacadamente la incidencia delictiva, no inhiban el derecho político de los mexicanos a votar y ser votados. La seguridad de todos los actores del proceso electoral debe estar en las prioridades de las gestiones gubernamentales, sin menoscabo alguno de todas las demás responsabilidades públicas que tienen a su cargo.

Hemos de escuchar ahora las voces de todos quienes participamos en la convocatoria a esta Reunión de Trabajo. Y también hemos de suscribir, por parte de la CONAGO, el INE y los OPLES,  una “Declaración por la Democracia y la Legalidad para el Proceso Electoral 2018”, como compromiso compartido, en las competencias que nos corresponden, para que el proceso electoral desemboque en resultados favorables para México y los mexicanos.

Hemos respetado los principios que rigen la procuración e impartición de justicia, para no involucrar a las autoridades competentes –FEPADE y fiscalías locales, así como órganos

 

jurisdiccionales- en pronunciamiento alguno que pueda comprometer, así sea simbólicamente, su condición –particularmente de jueces y magistrados- de decir el derecho en la resolución de las controversias electorales.

Reiterando a todos la bienvenida a este evento, continuamos con el desarrollo del orden del día, con la anuencia de mis colegas gobernadores y de las autoridades electorales presentes.

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Elección 2018: Declaración por la Democracia y la Legalidad

(Comparto el texto de la Declaración por la Democracia y la Legalidad para el Proceso Electoral de 2018, firmada por Conferencia Nacional de Gobernadores, Instituto Nacional de Elecciones, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y, Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas. Sede del INE. CDMX):

+ En la Elección 2018, garantizar la equidad, es una obligación fundamental

+ Que se realice en un marco de seguridad, justicia, equidad y legalidad

+ Coadyuvaremos a que  las autoridades electorales cumplan con sus atribuciones

+ Que candidatas y candidatos que se conduzcan con apego a la ley y  a la ética cívica 

+ Texto del documento firmado por la CONAGO, INE, FEPADE y AIEEF

https://www.conago.org.mx/documentos/pronunciamientos/Declaracion_Proceso_Electoral_2018.pdf

 

CONAGO. INE. FEPADE.AIEEF. Firma de la Declaratoria por la Democracia y la Legalidad del Proceso Electoral 2018. CDMX. 20 marzo, 2018.-

Debemos garantizar a la mujer una vida libre de violencia

+ Presentación de la Plataforma de Armonización Legislativa

+ Modifiquemos el concepto del dominio del hombre sobre la mujer

+ Que ningún agresor de mujeres o niñas quede impune

En el Senado de la República, con el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, con participantes en la presentación de la Plataforma Legislativa en pro de los derechos de la Mujer.

(Participación en el Senado de la República, como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, en  la presentación de la Plataforma de Armonización Legislativa: El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia):

 Es urgente transformar, con la participación de todos, el modelo cultural que impide a la mujer mexicana  alcanzar el pleno goce de sus derechos.

Ahora las mujeres y niñas exigen justicia y, las instituciones de gobierno, organizaciones sociales y sociedad en general, tienen la obligación de proteger y garantizar sus derechos humanos en cualquier circunstancia.

En este evento convocado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el marco del Día Internacional de la Mujer, como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores hago un llamado  a tomar medidas urgentes en el diseño e implementación de políticas públicas que modifiquen la concepción de dominio del hombre sobre la mujer.

Iniciativas como las de la CNDH, contribuyen a armonizar y actualizar la legislación, para prevenir y sancionar cualquier acto que atente contra la integridad física y psicológica de la población femenil.

Debemos ampliar el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisión y ejercicio de poder en todos los escenarios y acepciones, con el propósito de expandir la conciencia social a la competencia de talento, saberes y conocimientos.

Lo primordial,  es fomentar el principio igualitario de derechos y responsabilidades en ambos géneros.

La Plataforma de Armonización Legislativa, representa una valiosa oportunidad para insistir y generar conciencia en torno a la tarea que tenemos todos los mexicanos de sensibilizarnos, para comprender y atender integralmente la problemática que afronta cotidianamente este sector.

Se requiere aún más coordinación y corresponsabilidad de los tres poderes del Estado y los tres órdenes de gobierno, porque lograr el pleno goce de los derechos femeniles representa una tarea que involucra a la sociedad en su conjunto, con los sectores gubernamentales, productivos, educativos y medios de comunicación.

Participación en el Senado de la República, como Presidente de la CONAGO

Corresponde a las instituciones de gobierno, coordinar las acciones que permitan la creación de espacios de ayuda a víctimas de la violencia de género; en tanto que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de promover una exhaustiva revisión normativa, que conlleve a la eliminación de cualquier forma de discriminación de la mujer y garantizar su plena participación en la vida productiva.

El Poder Judicial debe, por su parte, asegurar que ningún agresor de mujeres o niñas quede impune, mientras que las instituciones educativas tienen que integrar a sus planes de estudio materias que coadyuven a fortalecer la cultura de la equidad de género, la tolerancia y la diversidad.

A los medios de comunicación los invito a diseñar instrumentos de información que transmitan a la población valores culturales de equidad, respeto y no violencia.

El Día Internacional de la Mujer y el lanzamiento de la nueva plataforma legislativa, ofrecen un tiempo de oportunidades para profundizar sobre los valores que dan sustento a la democracia y dimensionan la importancia del imperio de la ley, para arraigar en la sociedad una cultura de la legalidad. 

Ésta es una oportunidad para construir consensos sobre la equidad de género, el respeto de los derechos humanos de las mujeres y los mecanismos para garantizarles una vida libre de violencia.

Conferencia en el Senado de la República. Extracto. CDMX, 8 marzo 2018.-

Gobierno de coalición vs presidencialismo hegemónico

+ Reflexiones a 40 años de la Reforma  Política de 1977

+ Candidatos independientes no darían gobernabilidad

+ Representación proporcional, tan legítima como de Mayoría

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(Arturo Núñez Jiménez, participación en el Seminario A cuatro décadas de la Reforma Político-Electoral de 1977. Balance y perspectivas, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fragmentos. CDMX, 5 diciembre, 2017):

 A 40 años de la Reforma Política de 1977, debemos trabajar por tener una mejor representación proporcional, porque no podemos suponer que eliminándola nuestro país avanzará, sino por el contrario, implicaría un retroceso.

…La  mayor aportación de esa reforma fue introducir la representación proporcional para que nadie se quedara sin representación dentro de la democracia en México.

… la representación proporcional es un principio tan legítimo y tan válido como lo es el de mayoría, porque fue dirigido a favorecer la entrada de las minorías de manera segmentada.

Una reflexión en defensa de los partidos, es que están obligados a que mejoren su democracia, ya que deben corregir muchas cosas, pero no deben desaparecer.

La democracia moderna es democracia de partidos, aún con lo desprestigiado y con la autocrítica que tenemos la obligación de hacer quienes militamos en ellos, porque creo que no hay nada mejor todavía que haya inventado el hombre que los partidos políticos.

Por ello, estoy a favor de los gobiernos de coalición, que permitan trabajar para la construcción real de una opción de gobierno plural y, con ello, se pueda acabar con el presidencialismo hegemónico que sigue vigente.

Un gobierno de coalición debería cambiar eso, con un gobierno colegiado, con un gabinete que tome decisiones colegiadas. México ya no está para ser país de un solo hombre, como dice Enrique González Pedrero, en su biografía de Antonio López de Santa Anna.

… En el caso de los políticos con inclinaciones independentistas, éstos no generarán un gobierno que permita la democracia por la que se ha trabajado en los últimos años.

Es claro que los candidatos independientes eran para otro momento. Efectivamente, son un buen ingrediente democrático, son un acicate para que los partidos se reformen y pongan “sus barbas a remojar”, pero no son la solución de fondo, porque, una serie de candidatos independientes buenos, no es mejor que un sistema de partidos bueno.

Están bien los independientes, pero no nos van a dar gobernabilidad.

Considero que en lugar de buscar la democracia por la vía independiente, el reto a lograr es que en el país exista un sistema de partidos efectivo y que sea funcional,  ya que el desprestigio de los partidos se ha vuelto hoy algo real.

2017 5 DIC IIJ UNAM 2

(En la mesa, también participaron la licenciada Amalia García Medina, ex gobernadora de Zacatecas por el PRD; el licenciado Manlio Fabio Beltrones, exdirigente nacional del PRI; y, el licenciado Diego Fernández de Cevallos, excandidato presidencial por el PAN)

ARTURO NUÑEZ JIMENEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. Participación en el Seminario A cuatro décadas de la Reforma Político-Electoral de 1977. Balance y perspectivas. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. CDMX. 5 diciembre, 2017.-

Reivindicar la supremacía de la política sobre la economía

+ Legitimidad democrática, condición  para la gobernabilidad

+ El papel de la autoridad electoral en la legitimidad democrática

Las fuentes que originan la deslegitimación de un proceso electoral

+ Autoridad electoralsu desempeño tiene que ser imparcial y eficiente

+ En México, tradición de gobernanza y de gobernabilidad hegemónica

En el Palacio de Minería, con Marco Antonio Baños y Héctor Schamis

(Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. Conferencia en el panel “Legitimidad democrática después de las elecciones”, en el VIII Foro de la Democracia Latinoamericana “Desafíos de las Elecciones en tiempos de cambio: un panorama latinoamericano”,  organizado por el INE, la OEA, la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Palacio de Minería. CDMX):

Como siempre aprecio mucho la invitación del INE, de la OEA, la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores para participar en este foro, y me es muy grato hacerlo, compartiendo reflexiones con Don Carlos Mesa, con quien ya he tenido oportunidad de hacerlo en otros foros anteriores, con Héctor Schamis, con José Luis Vargas y teniendo como moderador a Marco Antonio Baños.

Se nos propone como tema de esta mesa la “Legitimidad democrática después de las elecciones”. Habría que asumir que el tema de la legitimación democrática es un continuo, que existe como tema y como problema antes de la elecciones, si partimos de un problema de crisis de legitimidad democrática en nuestros países que deriva de una parte de cambios civilizatorios, tengamos en cuenta, tan solo que las instituciones representativas fueron concebidas en un estadío tecnológico de hace ya casi cuatro siglos y que ante el vertiginoso cambio tecnológico hoy, muchas de esas instituciones ya no son suficientes para dar respuesta a los reclamos de nuestro tiempo, y que por lo tanto, la gente busca nuevas soluciones que, en muchos casos, no son mejores que las que habíamos diseñado generacionalmente de manera anterior. Ojalá las que se lleguen a concretar sean mejores.

Pero también hay que destacar las especificidades de cada país, derivado de las formas de acceder al poder y de ejercerlo. Es evidente que si hay legitimidad democrática, hay una condición necesaria para que haya gobernabilidad democrática.

2017 13 oct INE 1
En el Foro de La Democracia Latinoamericana

Y aquí se nos hacen varias preguntas en los términos de referencia que se nos aportaron, ¿si existe responsabilidad de las autoridades electorales en la legitimidad democrática? Desde luego que sí.

El diseño y el desempeño de las autoridades electorales, es fundamental para producir legitimidad democrática en una elección. Pero, claro, no son los únicos actores las autoridades electorales, están los demás componentes del sistema político que participan en una elección:  los partidos, los candidatos y la propia ciudadanía.

Una baja participación ciudadana puede ser motivo de una deslegitimación democrática y el comportamiento de los actores políticos; como aquí se ha mencionado, el aceptar o no la derrota puede ser también una fuente de legitimidad o de ilegitimidad para la elección.

Pero a la pregunta especifica, ¿si la autoridad electoral tiene que ver con la legitimidad democrática?, desde luego que sí, y su desempeño tiene que ser imparcial y eficiente.

DESEMPEÑO DE AUTORIDADES Y VÍNCULO CON RESULTADOS

Particularmente, a veces la evaluación del desempeño de la autoridad electoral se vincula al resultado electoral, aunque el desempeño podría haber sido impecable con un resultado electoral muy distante entre el primer y el segundo lugar, que nadie cuestiona, y puede ser muy cuestionado también un desempeño impecable si la distancia entre el primer y el segundo lugar es muy reducido.

2017 13 OCT INE 4En este caso, es más obligado el desempeño imparcial y eficiente para que no haya ninguna pifia que justifique que un margen muy reducido de distancia entre el ganador y el perdedor sea fuente de desacato, de no aceptación de resultados y de ilegitimidad de la elección como legitimidad de origen del poder político.

Se nos pregunta también ¿si los gobiernos de coalición son solución a la falta de pluralidad. Inclusión? Pues es evidente que estamos ante un problema, ya no de legitimidad de origen sino de ejercicio, como dicen algunos teóricos del tema, de gestión.

Y en un presidencialismo puede darse, al existir una elección independiente del Ejecutivo y otra del Legislativo, el llamado gobierno dividido, o compartido, como prefieren otros, que puede llevar a una crisis de legitimidad democrática, de gobernabilidad.

No necesariamente en las acepción original de Huntington y la Comisión Trilateral, de falta de respuestas a las demandas de la sociedad, de ingobernabilidad por incapacidad de respuesta institucional, sino de ingobernabilidad por problemas de coordinación entre los poderes del Estado, particularmente el Ejecutivo y el Legislativo, si las mayorías que lo jefaturan son diferentes; y, por lo tanto, la solución de coalición es una de las búsquedas para lograr de resolver este conflicto entre poderes.

Y contribuye a dar legitimidad desde el punto de vista del diseño institucional, pero puede tener problemas del desempeño en tanto los actores políticos aprenden a gobernar de manera coaligada, en una tradición como la mexicana, que ha sido una tradición de gobernanza y de gobernabilidad hegemónica, por una parte, o de una pluralidad en procesamiento, como la etapa transicional en la que nos encontramos.

Y, también, se nos pregunta si la inconformidad y el desencanto hacía los gobiernos se deben a problemas de legitimidad de ejercicio, o a cultura política. Seguramente la respuesta tendría que ser hibrida:  Hay problemas de legitimidad por ejercicio y resultado en el uso del poder político y, hay problemas derivados de cultura política.

IMPLICACIÓN Y TRASCENDENCIA DE LA ACEPTACIÓN DE LA DERROTA

Los resultados electorales pueden ser, pues, fuente de legitimidad democrática o no, a partir de la llamada legitimidad de origen, y la aceptación de la derrota implica que haya por lo menos dos elementos fundamentales para el funcionamiento democrático y su legitimación.

La autocontención de los autores políticos que efectivamente en América Latina poco se da  y, la cultura política.

Yo recuerdo el caso de Al Gore, cuestionando la elección del segundo presidente Bush en Estados Unidos por los problemas de Florida. Y, habiendo agotado la instancia jurisdiccional en Florida, Al Gore anuncia que no va a ir a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos para cuestionar la elección de Bush hijo, argumentando que él no va a poner en cuestión la legitimidad del presidente de Estados Unidos de América.

¡Imagínense un candidato presidencial en México, diciendo que no va a impugnar la elección para no cuestionar la legitimidad del futuro presidente mexicano! La cultura política es diametralmente diferente y la capacidad de autocontención de los actores es diferente para la aceptación de la derrota.

Mucho se ha polemizado entre los conceptos de legitimidad y legalidad. El Positivismo pretendió agotar la legitimidad en la legalidad. Bastaba tener apego a la legalidad para ser legítimo. Es evidente que el apego a la legalidad es condición necesaria, pero no suficiente de legitimidad.

La legitimidad parte del respeto a la legalidad, pero no se agota en ello. Requiere de otros ingredientes, para que no sea sólo el aspecto coactivo de la legalidad lo que lleve al cumplimiento de los resultados electorales, sino también a un acotamiento voluntario por muchas razones que se justifique el sentido democrático de los procesos de acceso al poder y de ejercicio del poder.

MAX WEBER: LAS TRES FUENTES DE LEGITIMIDAD

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Participación en el debate

Recordemos además, que el primero que empezó a explorar el tema de manera muy sistemática, como en otros muchos aspectos, fue Max Weber, quien reconocía tres fuentes de legitimidad: la tradicional, basada un poco en la costumbre, en la antigüedad; la carismática, basa en las cualidades personales del líder que con la frecuencia que se presenta hoy el populismo es del caudillo, que a veces tiende a tergiversar la institucionalidad prevaleciente por la propia establecida por el caudillo; y la legitimidad- legal- racional, que llamaba Weber, que es a final de cuentas la legitimidad democrática.

Desde ese punto de vista, un reto de la legitimidad democrática en México, ante el riesgo del fenómeno populista que está presente en nuestro proceso político y, por lo tanto, lo está ya en el proceso electoral, es que buena parte de la legitimación institucional democrática que hemos logrado pudiera ser cuestionado por la legitimidad de caudillos que mandan al Diablo a las instituciones y, que pudieran pretender imponer una nueva legitimación, a partir de sus propios criterios.

Es evidente que vamos a enfrentar un desafío de legitimidad democrática después de la elección, independientemente de cuál sea el resultado, ganador o triunfador, de aceptación de la derrota o de la pretensión de gobernar sin las instituciones que hemos construido de muchas dificultades, que si bien tienen ingredientes que han merecido desprestigio y desencanto entre la población, no hemos inventado algo mejor.

Lo que se nos plantea, es la vuelta a la personalización de la política, al candidato independiente, el Llanero Solitario, que quién sabe  cómo va a lograr gobernabilidad o al líder carismático que aunque tiene partido no acuerda con nadie, es anti sistémico y aunque juega las reglas del sistema democrático, en realidad busca destruir la esencia democrática por la vía de la movilización popular, que identifica al caudillo con el pueblo y que el caudillo habla a nombre del pueblo y, no necesita intermediarios representativos de una democracia que se considera caduca e invalid. Ese riesgo está presente después del riesgo de la elección mexicana.

La legitimidad de ejercicio es evidente, algo esencial tiene que ver, ahora sí, con la mezcla de política y economía, y efectivamente como decía Héctor Schamis, refiriéndose a las encuestas del Latinobarómetro, muchas veces se pregunta sobre la democracia cuando en realidad se está preguntando sobre los resultados de la gestión de la política económica y, se le carga a la política política, lo que en realidad es responsabilidad de la política económica y que muchas veces no se decide en los ámbitos políticos.

Los que van y piden el voto y enfrentar el electorado, son los que dan la cara ante la ciudadanía, pero los que toman las decisiones económicas están en oficinas muy cómodas, muy tecnocráticas, tomando sus decisiones con una racionalidad de costo- beneficio como, hay que asumir con David Easton, que la única actividad capaz de dar y de asignar valores en sentido de autoridad distintos a la lógica del costo-beneficio del mercado, es la política.

Hay que reivindicar la supremacía de la política sobre la economía. Si queremos que la política responda por la legitimidad de ejercicio, necesitamos igualar libertad, igualar solidaridad y seguridad como elementos de la gestión democrática y eso implica participación ciudadana, sí, pero también responsabilidad, transparencia con rendición de cuentas para evitar corrupción en la gestión gubernamental.

Respuestas a las preguntas del público asistente

Muchas gracias.

Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. Conferencia en el panel “Legitimidad democrática después de las elecciones”, en el VIII Foro de la Democracia Latinoamericana “Desafíos de las Elecciones en tiempos de cambio: un panorama latinoamericano”,  organizado por el INE, la OEA, la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Palacio de Minería. CDMX. 13 octubre, 2017.-

 

Surgimiento y evolución del Estado nacional

 + 100 años de la Constitución: nobleza de miras y su visión de Estado

+ Ecuación profunda: Nación, Estado y figura presidencial prominente

+ En un país convulso y no pacificado, necesario un Gobierno fuerte

+ La importancia de una mayor participación ciudadana en el poder político

+ Ética y  voluntad política, necesarias para un ejercicio adecuado del poder

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Conmemoración del Centenario de la Carta Magna

(Arturo Núñez Jiménez . Gobernador del Estado de Tabasco. Discurso en la ceremonia conmemorativa del Centenario de la Constitución de 1917. Villahermosa, Tab.):

Muchas gracias a todos y a todas por su gentil presencia en este evento en el cual celebramos el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta mañana acompañé al Presidente de la República y a los otros dos poderes de la Unión, en la sede del hoy Teatro de La República -auténticamente de la República-; porque hasta el día de hoy se  formalizó la compra-venta del inmueble que era de propiedad privada, incluso desde los tiempos del Constituyente y que fue prestado para esa histórica jornada hace 100 años.

Nos reúne hoy una celebración especialmente significativa. Se cumple el aniversario número 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y este hecho expresa, en sí mismo, el extraordinario peso histórico que la Carta Magna ha tenido entre nosotros en el surgimiento y evolución del Estado nacional.

La Constitución mexicana es el primer texto político fundamental del Siglo XX, que tuvo la capacidad de generar nuevas reglas, nuevas instituciones y nuevos horizontes de desarrollo social, que después serían retomados por los documentos constitucionales de otros países.

La Constitución de 1917 ha sido el texto que ha regido la vida política de México por el período más prolongado de su historia, lo cual habla de su nobleza de miras y su visión de Estado.

REPÚBLICA Y NO MONARQUÍA

La Constitución fundó nuestro moderno Estado de Derecho a través, sobre todo, de un cambio radical de régimen político: reafirmó, en primer lugar, la voluntad por abrazar un régimen republicano y no uno monárquico y, al mismo tiempo, construir una estructura federalista integrada por estados libres y soberanos, en vez de una centralista.

En dicha concepción era necesario plantear explícitamente el carácter representativo de nuestro sistema político, teniendo al pueblo como titular primero de la soberanía nacional.

Nuestra Carta Magna plasmó acuerdos colectivos con carácter vinculante y con las suficientes bases de consenso y capacidades de gobierno para darle certidumbre a la reproducción social, económica y política de nuestro país.

Como norma fundamental, cristalizó también la necesaria definición de nuestra vida republicana como una vida democrática.

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MUNICIPIO LIBRE Y NO REELECCIÓN PRESIDENCIAL

Por ello garantizó las libertades fundamentales, estableció el principio de no reelección absoluta para el titular del Poder Ejecutivo Federal, instituyó el Municipio Libre, planteó la prohibición a los ministros de culto de involucrarse en los asuntos políticos y redefinió la relación entre poder ejecutivo y legislativo sobre la base del fortalecimiento de la institución presidencial, para que fuera capaz de conducir la concreción en la realidad del programa de reivindicaciones nacionales y populares de la Revolución Mexicana.

Se ha recordado que la Constitución del 17 fue heredera, sobre todo en su dimensión política, de la Constitución de 1857, recuperando su sustrato liberal y sus definiciones fundamentales. En efecto, ya la Constitución del 57 había reconocido los derechos individuales y las libertades básicas, junto con el establecimiento de un estado laico que tuvo como una de sus palancas principales la desamortización de los bienes eclesiásticos para lograr la democratización de la propiedad de la tierra.

El legado liberal del 57 se comprueba claramente en el hecho de que el Constituyente de 1916-1917 mantuvo intacto los artículos 39 y 40 de aquella Constitución, relativos a la soberanía nacional y a la forma de gobierno.

Pero, como sabemos también, el Constituyente de Querétaro conservó, trascendiéndola, la dimensión liberal, dándole una gran relevancia a los derechos colectivos.

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LA ESTRUCTURA DE UN ESTADO SOCIAL

La fuerza política del movimiento revolucionario hizo posible lo que en 1857 no se había logrado a través de tentativas progresistas, como las de Ponciano Arriaga que no tuvieron eco en su momento para darle contenido social a su andamiaje, ni para generar la estructura de un Estado social que tuviera como eje el bienestar de las clases populares.

Una de las virtudes mayores del constitucionalismo mexicano encabezado por Venustiano Carranza, fue justamente el haber sabido incorporar al nuevo proyecto que se fraguaba, las reivindicaciones provenientes de las justas demandas de los diversos grupos sociales que participaron en la revolución de 1910-1917.

En su célebre texto, Las Causas del Conflicto, Luis Cabrera había señalado la diversidad de sectores agraviados que reclamaban una respuesta a las condiciones de opresión y marginación en que se encontraban en el antiguo régimen del Porfiriato: de los peones en las haciendas a los obreros en los talleres y fábricas, hasta las clases medias y empresarios emergentes que por causa de caciques, hacendados, y oligarcas financieros internos y externos, necesitaban urgentemente un nuevo pacto social en el que fueran reconocidos.

Ahí radica, quizá, el marcado carácter innovador y abiertamente moderno de la Constitución del 17, pues supo amalgamar la diversidad de demandas, reclamos e inquietudes propios de cada uno de los sectores participantes, en un proyecto nacional y nacionalista, coherente, integrador y representativo.

En efecto, el texto constitucional no provino de una ideología preconcebida y puesta en práctica para movilizar a la sociedad, y tampoco fue el resultado del trabajo previo de intelectuales orgánicos de un movimiento político.

Fue, por el contrario, la resultante de un complejo proceso de construcción en el que confluyeron planes revolucionarios, propuestas electorales, planteamientos discursivos y obras escritas de distintos líderes, que buscaban sistematizar los diversos e incluso contradictorios intereses en la etapa armada de la Revolución.

DIVERSOS Y HASTA CONTRADICTORIOS INTERESES

De los hermanos Flores Magón a Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, de Filomeno Mata a Emiliano Zapata, de Álvaro Obregón a Plutarco Elías Calles, Francisco Villa y el propio Venustiano Carranza, se hicieron oír respectivamente las reivindicaciones de los trabajadores, de los indígenas y de los campesinos; se defendió el principio de no reelección y la libertad de expresión, la justicia agraria y la pequeña propiedad, así como el Municipio Libre.

Influyeron también los programas del Partido Liberal, los planes de San Luis,  de Ayala y de Guadalupe y las deliberaciones de la Convención de Aguascalientes. Y en estos afluentes contaron también grandes obras como La Constitución y la Dictadura, de Emilio Rabasa; Los Grandes Problemas Nacionales, de Andrés Molina Enríquez; La Sucesión Presidencial en 1910, de Francisco I. Madero y La Revolución es la Revolución, de Luis Cabrera.

No hubo pues, una sola fuente en la ideología constitucional vinculada a la Revolución Mexicana, sino múltiples vertientes que convergieron en el gran momento constituyente de 1916-1917.

Observando esa coyuntura, se confirma la tesis de que los grandes textos constitucionales son siempre una expresión nítida del estado que guarda la complejidad de la sociedad que los formula.

Representan, de esa manera, una síntesis coherente de las más variadas pulsiones y expectativas existentes a lo largo y ancho del tejido social.

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CASO MEXICANO, LA UNIDAD DENTRO DE LA DIVERSIDAD

Por eso, sin duda alguna, como ocurrió en el caso mexicano, adquieren una gran legitimidad cuando logran los equilibrios adecuados para construir la unidad dentro de la diversidad.

Esta expresión constitucional de los anhelos sociales tiene, evidentemente, que mantenerse al día y ciertamente, la Constitución mexicana ha sabido hacerlo.

Y lo ha hecho, justamente, porque en su espíritu originario anidaba el ideal de su representatividad y su orientación por los grandes valores maestros de la soberanía nacional, la democracia y la justicia social.

En las condiciones imperantes en las primeras décadas del Siglo XX mexicano, la acción del Estado y su protagonismo político y social resultaban fundamentales para lograr tales equilibrios.

En efecto, en condiciones de debilidad e incluso de inexistencia de un entramado institucional con la solvencia necesaria para responder a los reclamos sociales, el Estado consolida la construcción de la nación a través de un proyecto jurídico, político, ideológico, cultural, económico y social que le dio estructura a una comunidad hasta entonces desarticulada y dispersa.

Si, como señaló en su momento el historiador y politólogo Arnaldo Córdova, el nacionalismo mexicano se conjugaba a través del verbo nacionalizar, se entenderá la razón profunda de la ecuación que asociaba a la nación con el Estado y a éste con la figura prominente del Presidente de la República, figura central para la construcción de equilibrios y la toma de decisiones.

Un gobierno fuerte era necesario para enfrentar con eficacia los grandes retos derivados de la Revolución Mexicana en un país aún convulso y no completamente pacificado.

Visto en retrospectiva, el fortalecimiento del poder presidencial aparecía como la única solución viable a los problemas de gobernabilidad en el país.

PARA ENTENDER AL PRESIDENCIALISMO MEXICANO

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El presidencialismo mexicano se asoció a la necesaria intervención redistributiva del Estado en tanto respuesta a la irrupción de las masas en la política, así como para evitar los riesgos provenientes de un país aún con hondas divisiones e intereses encontrados.

La preeminencia constitucional del Ejecutivo Federal tenía además en la coyuntura de 1916-1917 una profunda raíz, vinculada a las etapas previas de inestabilidad política, en las que el Congreso se había visto involucrado en fluctuaciones constantes, restándole capacidad de decisión al poder Ejecutivo.

La Constitución hizo posible un régimen con actores renovados y con nuevas reglas que permitieron el desplazamiento de la antigua alianza oligárquica y pusieron en el centro de la escena pública a las masas populares.

Este ejercicio de transformación política hizo posible el establecimiento de consensos fundamentales, más no por ello cerrados a la reforma siempre necesaria, de acuerdo a las cambiantes circunstancias del país.

Reformas que le han dado viabilidad al complejo entramado institucional derivado de la especialización funcional de los distintos poderes del estado, como de la diferenciación territorial vinculada a los diversos órdenes de gobierno y posibilidades de cooperación. En el marco del estado federal.

CAMBIANTE REALIDAD, NUEVO PLURALISMO

Todo ello en el contexto de una cambiante realidad que hizo emerger progresivamente un nuevo pluralismo cultural, ideológico y político.

No es entonces superfluo insistir en que la fortaleza política de la Constitución obedece en gran parte a la enorme sabiduría del Legislador, que construyó un texto en el que lograron convivir las premisas centrales necesarias en aquel momento para el desarrollo del país, con las bases procedimentales necesarias para su adecuación y su actualización de acuerdo al propio cambio de una sociedad que fue tornándose cada vez más compleja y plural en contextos internacionales también inéditos.

En efecto, en el transcurso de un siglo, México se transformó radicalmente: de una sociedad eminentemente rural que explica la importancia estratégica del artículo 27 en aquel entonces, nos convertimos en una fundamentalmente urbana donde el comercio, la industria y los servicios se convirtieron en eje fundamental de la economía; se dejó atrás el país analfabeta que éramos a principios del siglo XX por medio de procesos de educación masivos que han reducido a menos del 7% la población que no sabe leer y escribir; y de una realidad de aislamiento y fragmentación, pasamos a otra de crecientes vínculos y comunicación entre las regiones y del país en su conjunto con el exterior; transitamos en ese lapso de ser 20 millones de mexicanos a ser hoy  más de 120 millones de mexicanos en la actualidad, y de una situación donde las mujeres prácticamente no tenían derechos, no una sola mujer  del constituyente del 17 a otra en la que es innegable su presencia e influencia en la vida pública.

La clave profunda del reformismo constitucional mexicano debe buscarse ahí: en las propias exigencias de la dinámica nacional e internacional que reclaman nuevos equilibrios y nuevas formas de armonización de la pluralidad creciente.

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LA CONSTITUCIÓN DE 1917, TANTO PREMISA COMO RESULTADO

La Constitución mexicana ha sido, así, de manera dialéctica, tanto premisa como resultado del proceso de cambio en todos los renglones de la vida nacional.

En la actualidad, hoy firmó el presidente Peña Nieto el decreto con el que se promulgan reformas en materia de justicia cotidiana, así  que ese decreto va a modificar estos datos, pero apenas fue esta mañana, podemos contabilizar en la historia de nuestra Constitución en estos 100 años, 700 reformas a artículos constitucionales, ya que muchos de ellos la Constitución tiene 136 han sido modificados varias veces, a través de 229 decretos han tocado prácticamente todo el texto de la Carta Magna, que de tener 22 mil palabras en 1917 tiene ahora 66 mil palabras . Únicamente 22 de sus 136 artículos originales no se han cambiado, sin que todo ello haya significado una alteración de sus valores y principios fundamentales.

El hecho de que 486 de estas reformas hayan ocurrido de 1982 a la fecha, ilustra con claridad la vertiginosa aceleración de los tiempos históricos ocurrida tanto a escala nacional como internacional en las últimas décadas, que ha obligado a actualizar con notable frecuencia nuestra norma fundamental.

A pesar de ello, puede afirmarse que han sido las decisiones políticas fundamentales cristalizadas en el texto constitucional, las que han hecho posible la gran trasformación democrática que han vivido México y sus entidades federativas en los años recientes.

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En el Teatro de la República, con mis colegas Claudia Pavlovich y Graco Ramírez

DISMINUCIÓN DE FACULTADES METACONSTITUCIONALES

Sin violentar las definiciones republicanas representativas, democráticas y federalistas, a través de la constitucionalización de los partidos políticos, se ha dado paso a un nuevo equilibrio entre los poderes públicos a favor de las capacidades y la independencia del Legislativo y del Judicial, disminuyendo las facultades constitucionales y metaconstitucionales del Poder Ejecutivo; se han abierto mayores espacios de libertad y soberanía para las entidades federativas y los municipios, dotándolos de nuevas atribuciones jurídicas. Se han podido construir reglas más confiables y equitativas para la competencia política, que han trastocado por completo el mapa de la distribución del poder; se han fortalecido por completo los derechos humanos y libertades de las y los mexicanos; se ha combatido abiertamente la discriminación; se han abierto mayores oportunidades para la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas; se han creado órganos de Estado a propósito de temas cruciales de nuestra vida pública; se ha avanzado en la edificación de un nuevo sistema de justicia; se ha puesto énfasis en la lucha contra la corrupción; y se han realizado reformas estructurales que, más allá de su carácter controvertido en algunos casos, nos indican fehacientemente que la puesta al día del proyecto nacional ha sido posible gracias a la Constitución que nos regula.

VOLTEAR LA MIRADA HACIA LOS ACTORES POLÍTICOS

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Inauguración de la Exposición Itinerante de la Constitución

Quizá, entonces, los graves problemas que hoy nos aquejan no deriven, como piensan algunos, de la norma fundamental que sigue rigiendo la vida nacional. Más bien, habría que voltear la mirada a factores que están más allá de lo jurídico y que tocan al gran tema de la cultura de la legalidad y el comportamiento de los actores políticos y sociales.

En términos de instituciones y procedimientos, la Constitución ha permitido, y lo seguirá haciendo, la edificación de entramados legales lo suficientemente solventes para enfrentar los grandes problemas nacionales.

Y una vez resuelto en lo fundamental el tema de las reglas para el acceso al poder público, la agenda reformista se ubica básicamente en el tema del ejercicio y el control del propio poder político, con una mayor participación ciudadana.

No obstante, como el gran tema de la corrupción lo ilustra con claridad, si no existe la voluntad política y la ética pública necesarias para un ejercicio adecuado del poder, no hay protección constitucional que alcance para frenarla y erradicarla de nuestra interacción colectiva.

AMENAZAS A NUESTRO FRÁGIL SISTEMA DEMOCRÁTICO

La vieja distinción entre país legal y país real sigue siendo hoy expresándose en múltiples frentes. Es ahí donde está la amenaza de fondo contra nuestro frágil sistema democrático. Porque es ahí donde también se ubica el principal escollo para reducir las enormes brechas de desigualdad que todavía hoy nos definen como sociedad.

La lucha por hacer valer los preceptos constitucionales es hoy, en gran medida, una lucha por hacer avanzar la cultura de la legalidad, eslabón sin el cual la reconstrucción del ánimo y la confianza sociales será un objetivo inalcanzable.

No debe dejar de alarmarnos que estudios recientes indiquen que el 65% de la ciudadanía conoce poco sobre la Constitución y que el 27% no conozca nada. Tampoco es una buena noticia que 59% crea que la Constitución se cumple poco y el 27% considere que no se cumple nada.

POCA CREDIBILIDAD POR ESCASA SEGURIDAD JURÍDICA

La baja credibilidad de nuestros ordenamientos jurídicos tiene un sustento real vinculado al hecho de la escasa seguridad jurídica existente en el país, lo que se refleja en el hecho de que México sea el segundo de 59 países con el mayor nivel de impunidad, al no resolverse el 98% de los crímenes que se cometen.

El ejercicio democrático del poder que se da siempre al amparo del imperio de la ley, requiere entonces de un funcionamiento diferente de las instituciones y un comportamiento distinto de los actores. De un comportamiento que asegure la aplicación de la ley sin distinciones ni excepciones, con responsabilidad y profesionalismo.

En Tabasco somos conscientes de ello y hemos desarrollado un gran número de iniciativas para contar no solamente con normas jurídicas adecuadas, sino con actitudes y prácticas que comienzan a modificar la hasta ahora precaria cultura de la legalidad.

Aquí, hemos venido construyendo progresivamente un nuevo tipo de ejercicio del poder e impulsado prácticas cabalmente democráticas.

Por supuesto, este es un camino en el que las conductas y las leyes se retroalimentan y estas últimas deben ser continuamente actualizadas.

Hasta ahora nuestra Constitución, su flexibilidad y su reformismo, que desmienten contundentemente la tesis interesada de la antipolítica, sobre la supuesta parálisis legislativa que se escucha con frecuencia, han evitado una ruptura grave del orden político y social y permitido la alternancia pacífica en el poder público. Este es un logro que no puede ni debe ser soslayado.

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Documentos históricos originales

ANTE NUBARRONES,  NUEVAS FORMAS DE SOLIDARIDAD

Si embargo, hoy nos enfrentamos a una situación altamente compleja e inquietante tanto por factores internos como por factores externos. El malestar social, la desconfianza y los nubarrones que se ciernen en el horizonte económico, nos obligan a encontrar formas nuevas de cooperación y solidaridad nacionales.

Pero no es lanzándose a la aventura de una nueva Constitución como vamos a superar nuestros problemas. Esa forma de pensamiento mágico que imagina que ahí se encuentra la panacea para salir de la compleja coyuntura que atravesamos, ignora incluso la magnitud de los riesgos de ingobernabilidad que se abrirían en un escenario de tal naturaleza.

El planteamiento de una nueva Constitución parte, además, de una premisa a todas luces falsa: la de considerar que es necesario refundar un Estado que no tendría ya posibilidades de cambio y modernización.

Necesitamos, más bien, un gran consenso nacional en torno a la lucha contra la corrupción, la impunidad, los privilegios y en defensa de nuestra dignidad nacional.

Un consenso que posibilite el reencuentro entre el mundo de la representación política y la vida cotidiana de la gente. Un gran acuerdo que no pierda de vista que la ilegalidad, la falta de solidaridad, el abuso de las élites, la inseguridad y la pobreza son los principales enemigos de la democracia, la estabilidad y la paz.

Puede concederse que el texto constitucional esté sobrecargado en algunos de sus artículos y que se haya reglamentado abusivamente su contenido, debido a que la negociación legislativa en la etapa del pluralismo ha estado impregnada fuertemente por la desconfianza recíproca entre los actores políticos.

Desconfianza que ha llevado con frecuencia a detallar el texto para asegurar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Es posible que pueda hacerse una revisión que evite repeticiones, que lo haga más consistente y quizá menos equívoco en algunos pasajes.

Como   señala     el    distinguido    jurista   Diego    Valadés  

“a   la Constitución todavía se le puede inyectar nueva vida reordenándola, para darle coherencia y brevedad, para enseguida reformarla con la misma técnica que se adopte para su reordenación”.

Pero de ahí al planteamiento de abrir una caja de Pandora a través de la creación de un texto constitucional radicalmente distinto, hay un salto mortal que puede ser en realidad un salto al vacío.

Habrá sin duda que mirar hacia adelante para delinear con claridad las reformas por venir. Construir los acuerdos necesarios para poner al día y hacer más eficaces nuestras instituciones públicas; para actualizar nuestro régimen democrático y darle mayor gobernabilidad y legitimidad; para construir a plenitud el entramado de derechos orientados a la búsqueda de la equidad social y la cabal realización vital de las y los ciudadanos.

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Placa conmemorativa del Centenario en el Teatro de la República

ANIVERSARIO PARA LA DELIBERACIÓN COLECTIVA DE LOS RETOS

En una circunstancia como la que nos ha tocado vivir, el centenario de la Constitución no puede ser únicamente un motivo para la conmemoración cívica; tiene, más bien, que funcionar como la plataforma para deliberar colectivamente sobre los retos internos y externos que hoy nos demandan cohesión social, imaginación política y visión de Estado.

En Tabasco sabemos que la legitimidad de nuestras instituciones y normas fundamentales depende de la forma en que los representantes populares y los gobernantes desarrollamos nuestra función pública. Si lo hacemos con auténtica vocación de servicio, podremos ayudar a cerrar la enorme brecha nacional que hoy separa a la ciudadanía del mundo de la política.

Cumplir hoy con el espíritu profundo de la Constitución, implica demostrar en los hechos que somos solidarios con las inquietudes y necesidades de la gente; que sobre todo en tiempos difíciles marcados por la depreciación de nuestra moneda y el incremento del precio de la gasolina, ejercemos los cargos que el pueblo nos ha encomendado con honestidad, transparencia y sentido republicano.

De aquí que con toda convicción y responsabilidad hayamos hecho público recientemente un acuerdo de austeridad que, al ahorrar alrededor de 600 millones de pesos sin comprometer programas sociales, aliviará la economía familiar y, fundamentalmente, demostrará que pueblo y gobierno navegamos en el mismo barco, que es México, y tenemos metas compartidas.

Por eso hoy, a los 100 años de su promulgación, es necesario defender en el discurso, pero sobre todo en la práctica, nuestro Estado de Derecho y su texto fundacional, refrendando su naturaleza y su sentido históricos.

TENEMOS HORIZONTE, MEMORIA Y ESPERANZA

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Teatro de la República

Tenemos ejemplo en las generaciones que nos precedieron y tenemos horizonte; tenemos memoria y tenemos esperanza.

En los difíciles tiempos que corren, y de cara a los inquietantes vientos que soplan desde el norte, reafirmemos a la soberanía popular y a lo mejor de nuestro nacionalismo como base de nuestras leyes, nuestras instituciones, nuestros valores y nuestras prácticas.

Levantemos hoy la voz con dignidad e imaginación. Sin renunciar nadie a su credo político, demostremos como entidad y como país que somos capaces, como hace 100 años, de unirnos en lo fundamental teniendo como prioridad nuestra casa común que es México.

En muchas ocasiones el país se ha reconstruido y fortalecido desde la adversidad y ahora no será la excepción. Progresivamente hemos ido acumulando fortalezas que hoy debemos movilizar creativamente y con firmeza.

Desde aquí, desde Tabasco, lo decimos con toda claridad: la Constitución, como referente principal del México que queremos y defenderemos, es un texto vivo que habremos de honrar y proyectar con entereza y voluntad hacia el futuro.

Evoco hoy, con reconocimiento y admiración, a los 214 diputados provenientes de las entonces existentes 30 entidades federativas que suscribieron la Carta Magna. Destacaron entre otros constituyentes, Francisco J. Múgica, Heriberto Jara, Pastor Rouaix, José Natividad Macías, Hilario Medina, Alfonso Cravioto, Luis Manuel Rojas, Esteban Baca Calderón, Paulino Machorro, Froylán C. Manjarrez y Luis G. Monzón.

Dentro de ese histórico grupo de constituyentes, estuvieron cuatro ilustres tabasqueños: tres representando a nuestro estado –Rafael Martínez de Escobar, Santiago Ocampo y Carmen Sánchez Magallanes-; y uno al Distrito Federal –Félix Fulgencio Palavicini-.

Originariamente base normativa de un nuevo régimen político y pionera en la consagración de los derechos sociales, la Constitución Política de 1917 sigue siendo garante de nuestra convivencia pacífica e instrumento del acuerdo en lo fundamental entre los mexicanos.

DISCURSO. Arturo Núñez Jiménez. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, en la conmemoración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Villahermosa, Tab., 5 febrero, 2017.-

Tribunal de conciencia y el napalm

+ En el contexto nacional, recuerdo del diálogo Sartre-Russell

+ En la izquierda no tenemos derecho a darnos por relevados en la lucha

+ No estamos anclados en el pasado, el pasado es fuente de inspiración

+ Ante Senadores: la D de división empieza igual que la D de derrota

(Arturo Núñez Jiménez,  Gobernador Constitucional del estado de Tabasco. Inauguración de la Cuarta Reunión Plenaria del Partido de la Revolución Democrática. Senado de la República. CDMX):

Muchas gracias por la amable invitación para estar en este inicio de la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado en la LXII Legislatura.

Aprecio la distinción al Senador Miguel Barbosa, a Dolores Padierna y a todo el Grupo Parlamentario por ello.

2014-anj-1Saludo al dirigente del Partido, a Jesús Zambrano; al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a Silvano Aureoles y, desde luego, a todos y cada uno de ustedes.

Quisiera hacer referencia a tres puntos. Primero, mencionar que formo parte de una generación, como muchos de los que estamos aquí, que creció en los años juveniles bajo el signo de la guerra de Vietnam. Y recuerdo haber leído en la revista Tiempos Modernos que dirigía Jean-Paul Sartre un diálogo que sostuvo con Bertrand Russell a partir de su iniciativa de crear un tribunal internacional para juzgar crímenes de guerra de Estados Unidos en Vietnam, a raíz de un fotografía que se difundió y que nos conmovió a todos en aquella época y que eran unos niños Vietnamitas corriendo con la espalda quemada por el napalm.

Y en ese diálogo Sartre le hace una pregunta muy provocadora a Bertrand Russell, y por cierto en el tribunal Rusell formó parte el general Lázaro Cárdenas por México y participaban las mejores gentes de la política, la intelectualidad y la economía de aquella época. Sartre le dice a Bertrand Russell:

“¿Qué puede hacer un tribunal de conciencia frente a la brutalidad del napal?”,

que es una pregunta realmente estremecedora, y Rusell le contesta todo:

“El día que nos sintamos relevados de luchar por el deber ser y por lo que las cosa son, ese día habremos perdido lo mejor de la condición humana, que es la esperanza”.

No obstante, las circunstancias difíciles que vive México, no obstante la nueva mayoría que se ha articulado en relación con un proyecto neoliberal, que ya ha demostrado sus desastres en el mundo, no tenemos derecho a darnos por relevados en la lucha porque las cosas cambien en nuestro país. Estoy seguro que la izquierda mexicana sabrá tener muy clara la conciencia de este tema y seguir obrando en consecuencia.

Quiero mencionar también que si hay un tema en la agenda nacional que merece ser objeto de una Consulta Popular es el tema del petróleo por muchas razones, y no sólo, como dicen nuestros detractores, porque estamos anclados en el pasado, no; no sólo por eso, no estamos anclados en el pasado, nos inspiramos en él para las luchas del presente, sino también y sobre todo por la petrodependencia que las finanzas públicas tienen del petróleo y también por el hecho de que se trata de un recurso natural no renovable.

Todo ello bastaría para que si hubiese un tema, el único que hubiese que consultarle a los 82 millones de mexicanos que dice el Registro Federal de Electores que somos los ciudadanos de 118 millones de mexicanos y no una decisión que haya quedado en mil 717 legisladores, que ni todos llegaron a votar, que forman el Constituyente Permanente.

De tal manera que hay que luchar por ello, aunque advierto en lo que va de avanzado la Ley Reglamentaria de la Consulta Popular, que evidentemente se presente cerrar el paso a lo posibilidad de que una Reforma Constitucional pueda ser revocada por esta vía. Habrá que revisarla en la parte que le falta todavía del proceso legislativo.

Y por último, insistir en algo que he mencionado mucho en Tabasco. La D de división empieza igual que la D de derrota. En la medida que no seamos capaces de trascender nuestras diferencias y que nos dividamos, vamos a ser derrotados y con ello el pueblo de México.

Yo estoy seguro, conforme lo ha dicho aquí Miguel Barbosa, que unidos sabremos salir adelante en esta coyuntura, porque México bien lo merece. Muchas gracias por la oportunidad.

CONFERENCIA. Arturo Núñez Jiménez, en la plenaria del Grupo Parlamentario del PRD. Senado de la República. CDMX. 27 enero 2014.-

La CONAGO ante la reforma energética

+ Los recursos naturales, para la prosperidad de todos

+ Oportunidad única para detonar el desarrollo incluyente

+ Conago, espacio para coincidencias y respetar diferencias

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Foto oficial de la XLV Reunión Ordinaria

Acuerdo: 12
Comisión(es) relacionada(s): Energía ;

A lectura del Gobernador Arturo Núñez  Jiménez, de la propuesta aprobada previamente en la Reunión Plenaria Privada, la Conferencia Nacional de Gobernadores, atenta a la discusión que se sostendrá dentro del Poder Legislativo Federal y, en su caso, en los Congresos Estatales, formula el siguiente:

POSICIONAMIENTO DE LA CONAGO ANTE LA REFORMA ENERGÉTICA

El mundo globalizado y de permanente competencia, demanda a las sociedades la adopción de medidas claras para el aprovechamiento cabal de sus recursos, en modos que aseguren tanto el dinamismo y la competitividad de sus economías en el presente, como su viabilidad futura.

En este sentido, los mexicanos queremos que los recursos naturales sean factor de desarrollo, que se reflejen en nuestra calidad de vida y sean parte de nuestro futuro.

Hoy se nos presenta una extraordinaria oportunidad. A las voces de una sociedad que anhela su bienestar, las fuerzas políticas de México han hecho suyas las necesidades de aprovechar de mejor manera la energía del país y actúan en consecuencia.

Recientemente han presentado iniciativas de reformas en materia energética, tanto el Ejecutivo Federal, como los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

Se abre así, una discusión sin precedentes en nuestro país, que refrenda la importancia de los recursos energéticos como eje de desarrollo y prosperidad para todos los mexicanos.

Una discusión que prevea tanto el análisis de las normas que regulan la materia, como los alcances de sus posibles cambios.

Desde su fundación, la Conferencia Nacional de Gobernadores ha sido una instancia eficaz del federalismo mexicano para impulsar al país.

Siendo un órgano de análisis y deliberación, la Conago comparte la idea de concretar reformas en materia energética que aseguren el fortalecimiento de la industria petrolera; el crecimiento económico; el desarrollo incluyente; la seguridad energética, la transparencia, protección al medio ambiente y el patrimonio de los mexicanos.

La reforma energética debe buscar la consolidación de una industria más eficiente, que incremente la producción, así como aumentar los recursos públicos, manteniendo la fuerza del Estado en materia energética, para atender las necesidades sociales y económicas del país.

LA CONAGO, ESPACIO PARA EL DIÁLOGO RESPONSABLE

Nos corresponde ahora, impulsar la deliberación, encontrar coincidencias y debatir posturas que requieran encontrar acuerdos. La Conago es un espacio idóneo para el diálogo responsable, el enriquecimiento de las ideas y la generación de consensos.

Los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, reconocemos la necesidad de sentar bases sólidas que, desde una visión nacional integral, sustentable y moderna, permitan fortalecer nuestras capacidades productivas en materia energética y superar rezagos para recobrar el dinamismo del sector.

Conocedores de este escenario, es como los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal convocamos a analizar las iniciativas de reforma energética, orientadas a profundizar la competencia de nuestro país, estipulando la necesidad de un desarrollo regional sustentable, el estímulo de energías limpias renovables y un marco legal que inhiba la corrupción y las prácticas ineficaces.

Estamos conscientes que para alcanzar un futuro con mejores oportunidades para todos los mexicanos, se requiere de una discusión entre todas las fuerzas políticas del país, con altura de miras, y con una visión de Estado que permita alcanzar una reforma energética que detone nuestras potencialidades económicas y combata las inequidades sociales.

La Conago seguirá siendo un punto de encuentro para privilegiar las coincidencias y respetar las diferencias.

Nos une a todos, quienes integramos esta Conferencia de Gobernadores, un propósito fundamental: el acelerar el paso para lograr un desarrollo que lleve a todos los mexicanos a encontrar una mejor calidad de vida y su prosperidad.

En este sentido, los gobernadores y el jefe de  gobierno del Distrito Federal realizamos el siguiente posicionamiento:

En la Conago, los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal de forma consensuada, reconocemos la necesidad de una reforma energética y nos pronunciamos por que se genere un debate legislativo serio, informado y responsable, que analice las diversas propuestas presentadas en el Congreso de la Unión.

CONAGO. Posicionamiento ante la Reforma Energética. 20 agosto, 2013.-

Propuestas para nulidad de elecciones

+ En el Pleno del Senado, más causales para la nulidad

+ Incluir  “una campaña generalizada a favor o en contra”

+ El TEPJF debe tener más elementos para sus decisiones

2011-marzo-senado-iniciativa
Con compañeros Senadores, ntes de presentar la iniciativa

(Pronunciamientos del Senador Arturo Núñez Jiménez, con relación a las reformas en debate sobre la nulidad de elecciones. Senado de la República):

–Cuando una elección sea anulada por causas plenamente imputables a un partido político o candidato, uno u otro no podrán participar en la elección extraordinaria que se convoque.

— El TEPJF podrá anular la elección cuando existan violaciones sustanciales durante la preparación y desarrollo de la jornada electoral. Sin embargo el TEPJF no podrá anular una elección cuando las irregularidades alegadas sean imputables a los partidos promoventes o a sus candidatos.

— Una elección sería anulada, si luego de un recuento total de votos se acreditan irregularidades graves que no puedan ser subsanadas por la autoridad electoral y se ponga en duda la autenticidad y legalidad de la elección.

–También cuando una campaña generalizada en medios de comunicación a favor o en contra de un candidato o partido político haya sido determinante para el resultado de la elección.

— Otra causal sería que exista una violación sistemática de cualquier autoridad a lo dispuesto en la Constitución y se acredite que fue determinante para el resultado.

–Otra violación sustancial sería que en la campaña los partidos o los candidatos gasten más del cinco por ciento del tope de gastos fijados para la elección, y quede acreditado fehacientemente durante la etapa de resultados electorales.

— Otro motivo de nulidad sería el uso de recursos de origen ilícito o provenientes de la delincuencia organizada y cuando haya cohecho, soborno, compra de votos, presión o violencia sobre los electores.

–También cuando algún servidor público, de cualquier orden de gobierno, haga actividades proselitistas en favor o en contra de un partido o candidato, y que implique el uso de fondos o programas gubernamentales para fines electorales.

PROPUESTA del Senador Arturo Núñez Jiménez, del PRD, para aumentar causales para la nulidad de elecciones. Senado de la República, 22 marzo, 2011.-